Por su geomorfología y posición geográfica, el istmo centroamericano es una región altamente vulnerable a desastres naturales. Condiciones de orden geológico e hidrometeorológico que afectan su orografía, provocan que la infraestructura regional se vea dañada frecuentemente por desastres de diversa escala, sin que se hayan tomado con la oportunidad debida las medidas de prevención y mitigación que estas situaciones demandan, consecuencia de la carencia de programas preventivos de carácter estructural y no estructural como parte de las políticas gubernamentales. Toda vez que los desastres no reconocen fronteras, la visión ante estos eventos debe ser regional.

Los factores de amenaza más comunes en la región pueden resumirse de la siguiente manera: a) alta precipitación pluvial; b) huracanes (efectos directos e indirectos); c) suelos inestables; d) alta sismicidad; e) erupciones volcánicas y f) deforestación. Estos elementos son responsables de inundaciones, deslizamientos, avalanchas, desprendimientos, erosión, destrucción de rellenos y colapso de infraestructura existente, que afectan al istmo todos los años.

Además de estas circunstancias adversas, en muchos casos el impacto de los desastres se amplifica como consecuencia de deficiencias en los estándares de diseño y construcción de la infraestructura (civil y vial), deficiencias técnicas en relación con el emplazamiento de dicha infraestructura (vías de comunicación, asentamientos humanos, etc.), o por falta de obras de protección (muros, diques, canales de desfogue), provenientes de planes de prevención y mitigación de desastres.

En la Vigésima Cumbre de Presidentes de Centroamérica, celebrada en Guatemala durante los días 18 y 19 de octubre de 1999, los mandatarios de la región suscribieron la Declaración de Guatemala II, que establece el período 2000-2004 como el Quinquenio Centroamericano para la Reducción de Vulnerabilidad y del Impacto de los Desastres, disponiendo la adopción del Marco Estratégico para la Reducción de la Vulnerabilidad y de los Desastres en Centroamérica y designando al Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), para la coordinación de las actividades que se desprenden del cumplimiento de los objetivos a alcanzar en dicho quinquenio.

Mediante la Resolución 01-99 adoptada en su XXI Reunión el 18 de noviembre de 1999, el Consejo Sectorial de Ministros de Transporte (COMITRAN) instruyó a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), para realizar un taller regional con el objeto de formular un plan de acción para la prevención y mitigación de desastres naturales en el sector transporte de Centroamérica. Dicho taller se celebró en la ciudad de San José, Costa Rica, los días 2 y 3 de marzo del 2000, contando con la colaboración del Ministerio de Obras Públicas y transporte de Costa Rica, la OEA, CEPREDENAC y COCATRAM.

En esa ocasión, con el apoyo de consultoría brindado por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica (LANAMME), se aprobó el documento Estrategia del Sector Transporte para su Incorporación en el Plan Básico del Plan Regional de Reducción de Desastres.

Actualmente, por medio de una firma consultora y de consultores individuales, la SIECA lleva a cabo el nuevo Estudio Centroamericano de Transporte (ECAT 2000), el cual servirá de plan maestro regional para los transportes, y que, entre otros resultados, contendrá la propuesta de un programa de inversiones para la primera década del siglo 21, dentro del cual también se tomarán en cuenta aspectos relativos a los desastres naturales y a la vulnerabilidad.

El proyecto tiene como principal objetivo corregir aspectos técnicos de la infraestructura de los modos del sistema de transporte regional, en los puntos que sean identificados como de alta vulnerabilidad a los fenómenos naturales y antrópicos, ocasionados por la combinación de factores climáticos, características geográficas, mal manejo del impacto ambiental, obras construidas en épocas que aún no reconocían la importancia de este tema y por otros procesos generados por el hombre, como es la deforestación que incide sobre la erosión, la escorrentía y la desestabilización de suelos.

La infraestructura del sector transporte centroamericano es la que posibilita la movilidad de las personas y el manejo de la carga del comercio exterior y del intrarregional, por lo que es de gran interés para los gobiernos del istmo procurar su permanente funcionamiento, para cuyo propósito es vital desarrollar un proyecto que permita elaborar un diagnóstico de las zonas de mayor riesgo ante las amenazas naturales y antrópicas, y plantear soluciones regionales para la reducción de la vulnerabilidad y el impacto de los desastres que afectan a dichas zonas.

Las carreteras que conforman los corredores del comercio centroamericano son las principales arterias de transporte de la región, movilizando miles de toneladas de mercancías entre los países del istmo. Estas vías de comunicación son de vital importancia para conectar las principales ciudades de los países. Han sido rutas impulsoras del crecimiento de grandes regiones productivas y han propiciado el fortalecimiento de importantes polos de desarrollo. El comercio internacional y el intrarregional centroamericano tiene a su disposición tres corredores viales: Natural (Pacífico), Alternativo A (Central), Alternativo B (Atlántico) y algunas conexiones (principalmente vías de acceso a los puertos importantes de la región).

Algunos ferrocarriles sirven al comercio exterior como eslabones del transporte, pero por ahora no tienen la función intrarregional que pretenden darles proyectos en estudio, para el establecimiento de los corredores ferroviarios norte y sur, interconectándolos con el resto del sistema de transporte centroamericano.

Los puertos y aeropuertos cumplen de llevar a cabo el transbordo de los pasajeros y la carga a los medios marítimos y aéreo.

Reducir la vulnerabilidad de la infraestructura del sistema de transporte de la región, en los tramos y sectores específicos, que sean definidos como los más vulnerables a los fenómenos naturales y antrópicos, por medio de la elaboración de proyectos y la ejecución de obras de protección y obras correctivas, además de la correcta aplicación de medidas de protección ambiental.